SUPERAR LA ILEGALIDAD

Pablo Piwonka Carrasco

Director revista PanArte

De acuerdo a un informe del Observatorio de Informalidad Laboral de la Cámara de Comercio de Santiago, basado en la Encuesta Nacional de Empleo del INE, el número total de trabajadores informales superó los 2,5 millones de personas en enero de 2024, su nivel más alto en 4 años, lo que se tradujo en una tasa de informalidad del 27,6%.

En el caso del comercio, el aumento de la informalidad se asocia directamente con el creciente deterioro en la seguridad pública, vinculado a las formas de ocupación del territorio, su despliegue y características y sus vínculos con el crimen organizado. Es además una de las actividades donde se aprecia con mayor claridad el impacto de la competencia desleal y de la evasión tributaria.

A lo anterior hay que sumar la precariedad que se aprecia en algunos empleos, a causa del mal desempeño económico que arrastra el país hace más de 24 meses, todo lo cual conforma un escenario que también da pie al comercio ilegal como una forma de generar mayores recursos para quienes no encuentran una oportunidad laboral adecuada.

En ese sentido se genera una dinámica perversa y peligrosa, según lo revela un estudio encargado por la Gobernación de Santiago al Centro de Política Públicas UC y la Cámara Nacional de Comercio, el que da cuenta de que las personas que ejercen el comercio ambulante obtienen, en promedio, un ingreso de 40 mil pesos diarios, en una jornada de 8,3 horas. Y revela que el 82,9% de ellas se encuentran altamente satisfechas con su actividad.

Para quienes estamos en la vereda de comercio legal y formal, este es un problema de alta gravedad, ante el cual no encontramos las respuestas necesarias de quienes, en teoría, debieran velar por protegernos; esto es, las autoridades de gobierno y los entes fiscalizadores.

Con estupor y gran preocupación acabamos de ser testigos de una verdadera organización criminal montada al interior de Carabineros para recibir pagos por protección y validar esquemas de ventas ilegales en el barrio Meiggs. Y a esto se suma la falta de instancias (tanto en organismos como en protocolos) para denunciar la ilegalidad y para combatirla de manera real y efectiva, con una voluntad sincera que vaya más allá del discurso político de turno.

Ante esta situación cobra sentido tragicómico la frase creada por Roberto Gómez Bolaños en la serie el Chapulín Colorado… Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Con un Estado ausente, baja fiscalización, manga ancha para dejar pasar la informalidad y una abrumadora inoperancia para generar condiciones económicas atractivas en nuestro país, el panorama se vuelve sombrío.

Desde nuestra industria sólo nos queda apoyar y respaldar medidas que vayan en la dirección opuesta. Entre ellas, pensamos que se debe fortalecer el marco legal con leyes claras y actualizadas para abordar este problema, así como implementar penas más severas para disuadir a los infractores. También hay que mejora el control y la vigilancia, con inspecciones regulares e innovando en los procedimientos de detección con nuevas tecnologías.

Por último, se requiere mayor respaldo para promover el comercio legal, mediante incentivos fiscales, subsidios y capacitación, así como con educación al consumidor para que tenga una cultura de consumo responsable en relación a productos que provengan de fuentes legítimas.

No obstante, nada de lo expuesto será posible si no conseguimos potenciar nuestra economía para que vuelva a ser competitiva y atraer capitales que la desarrollen. Debemos entender que la lucha contra el comercio ilegal es la mejor manera de proteger nuestro entorno, la salud pública y la seguridad nacional.